Debate abierto: luces y sombras sobre las bajas en concursos de arquitectura y arquitectos

Los arquitectos reclaman que se mejoren las condiciones que rigen los concursos para adjudicar obras públicas. Dentro de su crítica al sistema, una de sus principales denuncias es que se están produciendo bajas económicas abusivas. Éstas, según explican, llegan a ser de un 50% en el precio de licitación.

Las rebajas, incrementadas por los gobiernos y ayuntamientos para reducir gastos y por los propios arquitectos que presentan proyectos a los concursos para lograr trabajo (en un tiempo en el que escasea), suponen la disminución de los honorarios.

Los arquitectos de la Comunidad foral de Navarra han demandado que se limite siempre y con claridad la baja económica, algo que en estos momentos no ocurre en todos los concursos públicos de Navarra ni del resto de España, o que las bajas no existan. «Los concursos que agradecemos son los que tienen un tope de baja, que suele ser del 20%. Y menos mal. Con un concurso que ganas tienes que cubrir los gastos de otros 15 o 20 que has preparado. Debería no hacerse baja por este motivo», manifiesta Sara Velázquez Arizmendi, del estudio de Germán Velázquez, quien indica que «los concursos públicos del departamento de Salud y el Ayuntamiento de Pamplona sí han puesto a veces bajas topes del 20%».

Miguel Ayape Bariain, dueño de un estudio de arquitectura junto a Andrés Martínez, expone que las bajas «normales» se mueven entre el 20% y el 30% sobre el coste de partida, pero que se están convirtiendo en comunes porcentajes mayores. «Se están produciendo bajas superiores al 30%», afirma. «Pero si las aplicamos sobre nuestros honorarios teóricos, estaríamos hablando de una media en bajas de entre el 25% y el 50%, y de más del 50% también».

Ayape asegura incluso que, dentro del Gobierno de Navarra, las bajas económicas de los concursos llegan a ser diferentes dependiendo cuál sea el departamento promotor. «Unos departamentos pueden hacer concursos con una baja del 20% o el 40%, otros departamentos aplican bajas inferiores y otros, superiores. No hay un criterio único», lamenta el arquitecto, que reclama también que los departamentos del Ejecutivo foral y los ayuntamientos homogenicen la documentación que se debe presentar para participar en los concursos.

En la misma línea que los anteriores, Sigifredo Martín, socio de 3G Arquitectos, señala que «sería bueno que se limitara de un modo claro la baja económica en una contratación».

Actualmente, la Ley Foral de Contratos Públicos establece como única limitación la figura de la baja temeraria. «Podrá presumirse que una oferta es anormalmente baja cuando sea inferior en un 30% al importe estimado del contrato», reza la ley. Sin embargo, los arquitectos exponen que la baja temeraria es «relativa». Si se justifica que es posible desarrollar el trabajo con una baja superior al 30%, se le da el visto bueno. «Si un equipo de arquitectos justifica que por sus medios o su rendimiento puede trabajar con una baja superior al 30%, se le acepta sin ningún problema», afirma Miguel Ayape. «Se salta cuando el que hace la baja justifica que no es temeraria y demuestra que va a poder hacer la obra con el presupuesto que ha presentado», confirma Sara Velázquez, al igual que hace Sigifredo Martín: «En contratos de asistencia técnica, hay ayuntamientos que no consideran esto y sí que puede acudirse a bajas superiores a las que serían temerarias», manifiesta. «Debería ser un criterio más desechar las bajas temerarias porque, hoy yo o mañana otro, ante la falta de trabajo, podemos tirarel precio».

Martín defiende que los arquitectos están «forzados» a rebajar sus honorarios. «Si en un concurso se valora el sentido económico en sentido lineal, de forma que al que más baja se le da la mayor puntuación y al que menos la menor, puede suceder que alguien que está muy seguro de la calidad de su propuesta o no necesita bajar sus honorarios porque tiene trabajo no haga una baja tan acusada como el que por la crisis tiene que hacerla», señala el socio de 3G Arquitectos.

En el concurso que llevó a cabo el Ayuntamiento de Pamplona para la adjudicación de la redacción del proyecto constructivo y la dirección de obra del parque de bomberos que se está construyendo en Trinitarios, el pliego de condiciones especificó que la puntuación máxima a obtener con la oferta económica sería de 20 puntos (sobre 100) y que se otorgaría un punto por cada 1% de baja sobre el precio de licitación. Quien no efectuase baja tendría 0 puntos.

«Los estudios de arquitectura no tienen la misma estructura. Hay unos que pueden soportar mayores bajas que otros que tienen una estructura con gastos generales fijos. Estos últimos o no van al concurso o no pueden hacer el mismo tipo de baja porque no les resultaría rentable que les adjudicasen un proyecto», explica Sigifredo Martín.

Los arquitectos forales coinciden al señalar que, a la hora de decidir la ganadora entre todas las propuestas presentadas, en algunos concursos públicos se está primando la oferta económica sobre la técnica. «Hay que establecer que la parte económica nunca sea más de un 30% en el conjunto de la propuesta», indica Miguel Ángel Alonso del Val, director del estudio de arquitectura AH&Asociados.

Por su parte, Sigifredo Martín asegura que «se está pervirtiendo y desvirtuando el sentido de un concurso de propuestas». «En un concurso de ideas puro, sólo se valoran las ideas y, en segundo término, el currículum de los profesionales. El problema es que se están mezclando concursos de ideas que exigen un esfuerzo y que están contaminados o mediatizados por la oferta económica. Si el concurso está razonablemente plantea
do y el peso de la valoración económica es mínimo en el contexto de 100 puntos, la competencia se produce en el terreno de las ideas. Si, por el contrario, el peso de lo económico es muy grande y hay concursos en los que se valora en un 50% o un 60%, resulta mucho más imprevisible lo que pueda suceder con la calidad de una idea», detalla el arquitecto. «El carácter económico puede hacer ganar a una propuesta que había quedado en el quinto lugar en lo referido a lo técnico». Carmelo Fernández Militino, de TYM Asociados, indica que «la Administración debería elegir la mejor idea, no la más barata».

Sólo en algunas ocasiones se selecciona a arquitectos para que concurran a un concurso y se les paga sus proyectos. Son concursos de naturaleza restringida y, en ellos, la Administración invita a determinados profesionales a participar por tener prestigio o haber sido objeto de una preselección. En los concursos de convocatoria abierta, no se paga a quienes participan por sus propuestas, a excepción de quienes resultan ganadores.

Sigifredo Martín es severo al afirmar que se está «maltratando» a los arquitectos porque no se valora su trabajo. «Los concursos abren periodos de concurrencia que pueden ser de entre 15 y 20 días, cuando son temas menores o de urgencia, a dos o tres meses si se presenta como un concurso más estrella», apunta. «De los concursos se deriva la elección de un proyecto y los trabajos de los demás no se pagan e incluso pueden ser utilizados, ya que no está claro que podamos hacer valer derechos de autor».

Miguel Ángel Alonso denuncia que, «en muchos casos», no se conocen los nombres de los miembros del jurado antes de que los arquitectos se presenten al concurso. «Esto se debería cambiar», insta. «El jurado debería, no sólo comprometerse con las bases del concurso, sino además ser conocido antes del concurso para que el que se presente sepa quién le va a juzgar y sepa que quien le va a juzgar aprueba las bases. Se dan muchos casos en los que se hacen unas bases y los jurados, que se forman en el último momento por una votación o una designación, pasan olímpicamentede las bases».

Los concursos públicos se plantean como la única salida en estos momentos para la mayoría de los arquitectos navarros debido a la escasez de trabajo por la crisis económica. «Aunque haya bajas del 40%, todos acabamos entrando porque tenemos que seguir trabajando y mantener el estudio. Pero al final se resiente la calidad de los proyectos», reconoce Miguel Ayape.

Ante las situaciones de masificación que se están produciendo, Carmelo Fernández Militino aboga por concursos abiertos, pero con algún sistema de criba para «no permitir un número indiscriminado de participantes». «Nos estamos encontrando concursos en España con entre 300 y 500 participantes, y en Navarra con entre 30 y 50. Esto convierte lo que era una libre oferta en una lotería», añade.

Sin embargo, pese a las malas condiciones que denuncian, los arquitectos navarros reconocen que el propio sector contribuye en cierta manera a que sean así. «Hay unas reglas del juego muy lesivas que todos alimentamos al asumir», analiza Sigifredo Martín.

En un plano algo distinto se sitúa Miguel Ángel Alonso cuando asegura que «hay una posición cínica por parte de algunos profesionales que se quejan de casi todos los concursos porque a ellos no les sonríe la fortuna»; y más extremo se muestra Patxi Mangado. Éste, si bien reconoce que ya no participa en concursos abiertos y que se ciñe a los restringidos a los que le invitan, declara que «hay muchos arquitectos importantes y conocidos que están haciendo unas bajas económicas que están tirandoel mercado y van en contra de la calidad de la arquitectura». «No se puede pensar que la arquitectura se puede hacer gratis. Un arquitecto con un buen proyecto y bien pagado es la garantía de un control económico y la calidad de la obra. En Navarra, al igual que en la tónica nacional, se está primando la vulgarización y los precios baratos, a lo que están contribuyendo muchos arquitectos navarros», añade.

Mangado asegura que lleva ocho años sin hacer obras en Navarra, desde el Palacio de Congresos y Auditorio de Navarra-Baluarte y a excepción del edificio de Gamesa Eólica, trabajo de índole particular. «No hago nada en Navarra porque, además, creo que sus concursos son especialmente hirientes. Y es curioso, porque hubo un tiempo en el que los concursos de Navarra fueron un ejemplo, pero se ha pasado a unos concursos donde la calidad de la arquitectura está muy mediatizada por el precio. Aunque esto es general, no sólo en Navarra», explica. «Si al arquitecto no se le paga lo justo, el control de la obra va a ser mucho menor y el proyecto va a tener menos calidad. Y eso acaba saliendo en forma de costes para la Administración y, por tanto, para la sociedad, ya que luego vienen los modificados y los incrementos económicos».

Información leída en:

Arquitectos navarros denuncian bajas económicas abusivas en los concursos públicos, Diario de Navarra – 26/12/2009